La Ley de Transición Ecológica española entró en vigor en mayo de 2021 con el objetivo de promover la transición hacia una economía más sostenible y reducir el impacto ambiental de las actividades humanas.
Esta ley establece una serie de medidas para fomentar el uso de energías renovables, mejorar la eficiencia energética, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover la economía circular.
En este artículo analizaremos en detalle lo que dice la ley, cómo afecta a las empresas y las medidas que pueden tomarse para cumplirla.
El objetivo de esta ley es abordar los retos del cambio climático y la transición hacia energías limpias y renovables en España. Si quieres leer la ley completa, puedes hacerlo en este enlace.
La Ley sienta las bases para la consecución de sus objetivos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de la planificación estratégica, que a nivel nacional se materializa en primer lugar en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), herramienta que servirá para integrar los objetivos y contribuciones cuantitativas a alcanzar por todos los sectores económicos en los diferentes ámbitos, así como las políticas y medidas a adoptar para la consecución de dichos objetivos.
El primero de estos planes abarca el periodo 2021-2030 y traza un horizonte ambicioso, que incluye los objetivos establecidos en el artículo 3 de la Ley.
El segundo gran instrumento de acción por el clima previsto es la Estrategia de Descarbonización para 2050, que establecerá una senda de reducción de emisiones y aumento de las absorciones por sumideros en todos los sectores económicos con un horizonte a largo plazo. Esta estrategia se revisará cada cinco años y será esencial para el cumplimiento de los objetivos fijados por la Unión Europea.
Asimismo, se prevé la aprobación de (i) Planes Nacionales de Adaptación al Cambio Climático, dirigidos a mitigar y predecir los riesgos derivados del cambio climático; y (ii) Estrategias y Convenios de Transición Justa, para asegurar la igualdad y solidaridad entre territorios y personas.
La Ley de Transición Ecológica española establece que están obligadas a su cumplimiento las empresas que realicen actividades económicas que tengan un impacto ambiental significativo. En concreto, se definen como obligadas al cumplimiento de la ley aquellas que realicen actividades incluidas en la sección C (divisiones 10 a 32) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009). Estas actividades se refieren a la producción y suministro de energía, extracción y transformación de minerales, fabricación de productos químicos, productos de caucho y plástico, productos de vidrio, productos metalúrgicos, productos informáticos, electrónicos y ópticos, entre otras actividades.
Además, la ley también establece que los grandes consumidores de energía, es decir, aquellos que consuman más de 500 toneladas equivalentes de petróleo al año, deben cumplir las medidas de eficiencia energética que establece la normativa.
En resumen, la ley tiene un enfoque amplio e incluye a todas las empresas y actividades económicas que generan un impacto ambiental significativo, independientemente de su tamaño o sector.
Si su empresa cumple alguno de estos requisitos, está obligada a cumplir la legislación.
Podemos resumir en 10 los principales objetivos de la ley y lo que significan para las empresas y los ciudadanos de España:
Objetivo: Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 23% de aquí a 2030 con respecto a los niveles de 1990.
Medidas a tomar: Evalúe y aplique medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de su empresa.
Objetivo: Lograr que el 42% del consumo total de energía proceda de fuentes renovables en 2030.
Medidas a tomar: Evalúe la viabilidad de incorporar fuentes de energía renovables a las operaciones de su empresa.
Objetivo: La ley establece el objetivo de mejorar la eficiencia energética en un 39,5% para 2030.
Medidas a tomar: Realizar una auditoría energética para identificar áreas de mejora y aplicar medidas de ahorro energético.
Objetivo: Establece un mecanismo de tarificación del carbono para los sectores no cubiertos por el Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión (RCCDE).
Medidas a tomar: Siga la evolución del mecanismo de tarificación del carbono y prepárese para su posible impacto en su empresa.
Objetivo: La ley pretende garantizar una transición justa hacia una economía baja en carbono, minimizando el impacto negativo sobre el empleo y promoviendo el diálogo social.
Acción a emprender: Participe en el diálogo social y apoye iniciativas que promuevan una transición justa en su sector.
Objetivo: Exigir a las administraciones públicas que elaboren y apliquen planes de adaptación para reducir los riesgos y vulnerabilidades climáticos.
Medidas a tomar: Evalúe el impacto potencial del cambio climático en su empresa y elabore un plan de adaptación.
Objetivo: Crea la Comisión Nacional de Cambio Climático y el Consejo de Coordinación de Políticas Climáticas para supervisar las políticas climáticas.
Medidas a tomar: Manténgase informado de las actualizaciones normativas y colabore con las autoridades y partes interesadas pertinentes para garantizar el cumplimiento.
Objetivo: Desarrollar Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC) con horizontes de diez años.
Medidas a tomar: Supervisar el desarrollo del PNIEC y alinear las estrategias de su empresa con los objetivos nacionales.
Objetivo: Transición a la movilidad sostenible, incluida la implantación de infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos.
Medidas a tomar: Evalúe la viabilidad de integrar soluciones de movilidad sostenible en las operaciones de su empresa.
Objetivo: Exigir a las administraciones públicas que prediquen con el ejemplo, aplicando medidas de eficiencia energética y adquiriendo vehículos limpios y de bajas emisiones.
Medidas que debe tomar: Si forma parte del sector público o trabaja con entidades públicas, asegúrese de que su organización cumple estos requisitos.
Las empresas que no cumplan con lo dispuesto en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, pueden enfrentarse a varias consecuencias, como:
Las empresas incumplidoras pueden ser objeto de multas, dependiendo de la gravedad de la infracción. La ley establece una serie de sanciones, que incluyen infracciones leves, graves y muy graves, con sus correspondientes penalizaciones. Las multas pueden oscilar entre unos pocos miles de euros para las infracciones leves y millones de euros para las muy graves.
Las empresas que no cumplan la ley pueden arriesgarse a perder el acceso a subvenciones, ayudas u otros programas de financiación pública destinados a promover la sostenibilidad y la acción por el clima.
Las empresas que incumplan la normativa podrían sufrir daños en su reputación, lo que podría provocar una pérdida de confianza de los consumidores y posibles repercusiones negativas en el valor de mercado o la cotización bursátil de las organizaciones.
Las empresas que no cumplan la ley también pueden enfrentarse a acciones legales, como demandas o acciones de cumplimiento por parte de las autoridades competentes, lo que conlleva costes legales adicionales, posibles daños y perjuicios o medidas cautelares.
En algunos casos, las empresas que incumplan la normativa pueden verse sometidas a restricciones operativas, como la suspensión temporal o permanente de permisos o licencias, lo que podría afectar significativamente a sus operaciones comerciales.
El incumplimiento de la ley puede dar lugar a un mayor escrutinio y supervisión reglamentarios, lo que conlleva una carga administrativa adicional y la necesidad de informes e inspecciones más frecuentes.
Para evitar estas consecuencias, es importante que las empresas se familiaricen con los requisitos de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, evalúen su estado actual de cumplimiento y tomen las medidas adecuadas para garantizar que se ajustan a lo dispuesto en la ley.
En conclusión, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, representa un hito significativo en los esfuerzos de España para combatir el cambio climático y la transición hacia una economía más sostenible y baja en carbono. Esta legislación innovadora presenta una oportunidad única para que las empresas se adapten de forma proactiva al nuevo panorama normativo y adopten principios de gestión medioambiental.
Al alinearse con los objetivos de la ley, las empresas no sólo pueden garantizar su cumplimiento, sino también obtener múltiples beneficios, como una mayor eficiencia energética, una reducción de los costes operativos y el acceso a nuevos mercados impulsados por la creciente demanda de productos y servicios sostenibles. Además, las empresas que demuestran un firme compromiso con la responsabilidad medioambiental tienen más probabilidades de mejorar la reputación de su marca, atraer a clientes concienciados con el medio ambiente y fomentar el orgullo de los empleados por su organización.
Adoptar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es una decisión estratégica que puede situar a las empresas a la vanguardia de la economía verde, impulsando la innovación y la competitividad a largo plazo. Aprovechando las oportunidades que ofrece esta legislación, las empresas pueden convertir los retos del cambio climático en un catalizador para el crecimiento, la resiliencia y el éxito a largo plazo.
Dcycle.io es una herramienta esencial para las empresas que quieren cumplir los objetivos de la Ley de cambio climático y transición energética. Gracias a su sistema de seguimiento y medición de la huella de carbono, las empresas pueden evaluar y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Además, Dcycle.io también permite evaluar la viabilidad de implantar fuentes de energía renovables en las operaciones empresariales, lo que puede contribuir a alcanzar el objetivo de la Ley de lograr un 42% de consumo de energías renovables en España para 2030.
